La nueva resolución 051 de 2023 emitida durante esta semana por el Ministerio de Salud colombiano, regula la atención integral de la Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el país. 

Esto gracias a la sentencia C-055 de 2022, que desde febrero del año pasado nos permite a las mujeres abortar hasta la semana 24.

La regulación reconoce la diversidad de las personas con  “capacidad biológica”  de gestar, el documento se refiere a transmaculinidades, personas no binarias, intersex, y se hace alusión a la identidad de género, sin excluir las identidades de género con las cuales la persona se autoreconozca”, se lee en el artículo 6. Todo lo que una persona necesita para abortar, es manifestar su deseo de hacerlo.

Todas las entidades, como la Superintendencia Nacional de Salud, secretarías, EPS, IPS, y todas las entidades que presten servicios de salud están en la obligación de facilitar este servicio de manera segura, cumpliendo con dicha regulación.

El procedimiento debe contar con información, “comprensible, oportuna, suficiente, adecuada, pertinente, objetiva, precisa, confiable, accesible, científica, y actualizada,” puedes exigir información de los procedimientos para abortar, con el fin de una atención con calidad, en la que primen tus derechos reproductivos.

Esta atención debe ser brindada a lo largo del territorio nacional sin excepciones, también con el fin de brindar protección a las comunidades vulnerables todas las personas gestantes migrantes deben tener acceso, sin importar su estatus migratorio, debe prestarse el servicio exento de cobro.

Solo algunos casos excepcionales tienen hasta 5 días de plazo para la realización de la intervención médica, para los demás casos el servicio debe ser prestado de manera urgente e inmediata, el procedimiento está exento de copagos y cuotas moderadoras.   

Solo en los casos de embarazos de más de 24 semanas deben identificarse las causales de violencia sexual o riesgo de vida de la madre o el feto. Los certificados requeridos en estos casos deben ser emitidos por un psicólogo o un médico general y deben ser aceptadas en cualquier entidad.

Las menores de edad no necesitarán autorización de sus padres o tutores, puesto que su decisión prima sobre la de terceros. En estos casos, los menores de 14 años, pueden abortar en cualquier momento de la gestación, esto debido a que todos los embarazos en menores de edad se consideran como producto de violencia sexual.

Las prácticas que no están consideradas como aceptables para los casos de interrupción voluntaria del embarazo, por parte de los profesionales encargados, son: hacer juntas médicas, remitir a consultas de orientación, pedir autorización de personas ajenas, exigir exámenes y órdenes judiciales, negarse a practicar el aborto, compartir información erronea, falsa, o engañosa, negarse a dar información, crear cualquier tipo de barrera para el acceso. Únicamente podrá objetar a conciencia él o la profesional encargada de realizar el procedimiento. En caso de no poder realizar la interrupción del embarazo, la o él médico debe remitir el caso inmediatamente a otro profesional.

También prohíbe realizar juntas médicas que ocasionen tiempos de espera “injustificados” y asesorías de orientación no solicitadas por la paciente. La normativa establece que es “violencia de género” intervenir en la toma de la decisión de la paciente.

De esta manera Colombia avanza en la reducción de las brechas para acceder al aborto, noticia que está siendo celebrada por Organizaciones feministas que constantemente luchan por el cumplimiento de los derechos de las mujeres, y la autonomía y posibilidad de desición sobre sus propios cuerpos.

Desde hace un año, cuando se hizo válida la sentencia que permite a las mujeres abortar hasta la semana 24, se pensó que las barreras de acceso a dicho servicio médico se eliminarían, sin embargo, muchas mujeres encontraron obstáculos al momento de interrumpir su embarazo en diversas entidades que se negaban a practicar el procedimiento. Es por esta razón que el Ministerio de Salud publicó el pasado lunes la nueva resolución que busca garantizar el derecho de aborto a las mujeres que así lo decidan.

Con el cambio de presidencia y el retiro inmediato del Consenso de Ginebra (que agregó a colombia a un grupo de Estados contra el aborto) se ha dado un escenario esperanzador a aquellas organizaciones que buscan garantizar una vida óptima para las mujeres en el país.

Ahora con esta resolución se busca evitar cualquier excusa que pueda ser utilizada como un obstáculo por quienes están en contra del aborto.