Recientemente la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y Migración Colombia rescataron, a 49 mujeres, 23 de ellas indocumentadas de nacionalidad venezolana, la cuales estaban en condiciones precarias y las hacían trabajar en sótanos.

Los operativos se realizaron en Bomba del Amparo, sector destacado por la cantidad de prostíbulos y delincuencia que allí hay. Por esta razón tres establecimientos nocturnos fueron allanados, allí las autoridades descubrieron casos de trata de personas, entre las mujeres habían menores de edad, las cuales llegaban al lugar engañadas, pues eran convencidas de viajar a Cartagena para laborar, sin embargo, se trataba de una trampa y finalmente eran obligadas a prostituirse.

Su alimentación era pésima, sus cédulas eran retenidas, al igual que sus pasaportes, para controlarlas, y luego de que las explotaban, el dinero que obtenían, la misma red lo tomaba, con el argumento de cobrarles por alojamiento y manutención.

Además de sus malas condiciones, y la esclavitud sexual a la que eran sometidas, la Fiscalía halló libros de registro con listados de las jóvenes que allí estaban.
Sus nombres, supuestas deudas, multas por “desobedecer sus reglas”, además, la cantidad de servicios sexuales que debían cumplir en cada jornada cada una de ellas.

De acuerdo con La Fiscalía “Estas víctimas quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos de ley: les fueron restablecidos sus derechos y a esta hora reciben la atención sicosocial para reencontrarse con sus familiares y superar la difícil situación que enfrentaron”.

Allí también encontraron un pasillo secreto que comunicaba a dos de los establecimientos entre sí, con el fin huir de las autoridades por ese medio. Las autoridades iniciaron los procedimientos de extinción del derecho de dominio de los inmuebles que eran utilizados para fines de prostitución.

Ante el caso comentó el Fiscal Mario Gómez, Fiscal Delegado contra la Violencia de Niños y Niñas.  “Se están ubicando los proxenetas cabecillas y tratantes que enfrentarán los delitos de trata de personas y esclavitud sexual porque allí fueron halladas estas mujeres, entre ellas 23 venezolanas, a las que habían despojado de sus documentos y eran obligadas a prestar servicios sexuales allí mismo en los sótanos”.

El delito de trata de personas se sanciona con prisión de hasta 23 años y se define en el artículo 188A del Código Penal de la siguiente manera: “El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”.

Cartagena es un territorio crítico, donde el proxenetismo no es una novedad, recordemos que este es el tercer golpe contra las redes de prostitución y trata de personas en menos de un mes, y la intención es eliminar de raíz estos casos en los que los derechos de las mujeres son vulnerados.

Ahora el objetivo es evitar que hechos como estos se repitan, y por supuesto restablecer los derechos de las víctimas.